Bolivia está sumida en una tensa calma a la espera de lo que pueda suceder este sábado15 de diciembre cuando, por un lado, el Ejecutivo recibirá la Constitución Política del Estado de manos de la presidenta de la Asamblea Constituyente, y por el otro, se espera que los departamentos de la Media Luna presenten sus “cartas autonómicas”. Los primeros seguramente preparan una enorme celebración apoyada por los “movimientos sociales” y los otros preparan cabildos populares para aprobar “de facto” las autonomías departamentales. Aunque unos lo hacen en La Paz y los otros en otras capitales de departamentos, lo más probable es que la violencia estalle ese día (o poco después).

El resultado no puede ser otro cuando en Bolivia ya reina la ley del más fuerte. Cuando el partido de gobierno y opositores desacatan abiertamente fallos jurídicos, a punto tal de crear una ilegal CPE para y por un sector mientras el otro crea su propia e igualmente ilegal carta autonómica; cuando las mismas fuerzas armadas toman una posición política (a favor del MAS); cuando los movimientos sociales hacen lo que se les da la gana en las calles a vista y paciencia de las fuerzas del orden; cuando la policía huye de Sucre al verse rebasada por manifestantes y “grupos de choque”; cuando todo esto sucede, ¿qué otra cosa puede esperarse que no sea más violencia?

El MAS prepara su gran celebración junto a los movimientos sociales mientras pide a los prefectos dialogo y una tregua por las fiestas de fin de año. Los prefectos ya no le creen y han desconocido su autoridad y la de la Asamblea Constituyente (“originaria y plenipotenciaria”) para celebrar su “autonomía de facto”. Nótese que no se ha hablado de “independencia” como tal (aunque las diferencias sean mínimas) quizás por un intento de aparentar cierta legalidad y ocupar el referendum autonómico como aval para proceder con actos cuasi separatistas. Claramente, tampoco ayuda que el gobierno insista en que la CPE es de todos los bolivianos y quiera celebrarla a pesar de la oposición de la mitad del país. Ante este escenario, es indudable que es ahora Morales quien tiene la pelota de su lado de la cancha, su llamado al dialogo no tuvo efecto y deberá decidir entre postergar su celebración grandilocuente y revisar la aprobación de la CPE (algo altamente improbable) o hacer que se acate la ley (que curiosamente él mismo ha pisoteado en tantas oportunidades) y ejercer control soberano sobre todo el territorio mediante la fuerza. Ahora bien, para ejercer control con el uso de la fuerza tiene también dos opciones, hacer uso legal de las FF.AA. a través de un estado de sitio o dejar que éstas no hagan nada mientras los “movimientos sociales” y la Unión Juvenil Cruceñista (sólo por mencionar a algunos) miden fuerzas en las calles. Cualquiera de estas dos alternativas significa sin duda más violencia.

Se preguntarán, ¿por qué no dejar que los unos celebren y los otros deliberen sin mayores contratiempos?… ciertamente es una posibilidad, pero una que simplemente dilatará lo inevitable y hará que en lugar de lamentarnos un (15 de) diciembre negro, tengamos que seguir sumando otros tantos octubres (2003), eneros y noviembres negros a nuestra historia republicana.

Como sea, este sábado 15 de diciembre determinará si podemos emprender el camino de retorno a un estado racional, de derecho y dialogo o si hemos pasado el punto de no retorno y la violencia será tan generalizada que sólo concluirá (temporalmente) cuando el más fuerte se “coma” al más débil o cuando exista una ruptura total.