(*) La Razón, 18-07-2007

La cámara de diputados, donde el MAS tiene mayoría está discutiendo el proyecto de ley del Régimen de la Coca y las reformas a la Ley de Sustancias Controladas. Este proyecto de ley incluye un ambicioso plan del Ejecutivo para “vender coca a EE.UU.”, específicamente a los más de 10 millones de adictos en ese país.

“En los Estados Unidos existen en promedio 10,5 millones de adictos a la cocaína. Bolivia podría exportar un monto total de 1.149 millones de dólares al año de infusiones de coca”, dice el reporte, donde se precisa que el volumen de exportación para el mercado estadounidense por ese concepto sería de 19.163 toneladas métricas de la hoja de coca, “ya que cada drogadicto consumiría [como parte de su recuperación] 1.825 bolsitas por año”. Este volumen significaría además un ingreso de 1.149 millones de dólares.

Naturalmente, el embajador norteamericano dijo que no se realizaría comentarios sobre este asunto. Y digo, naturalmente, pues sólo en la limitada visión del MAS y el presidente (quién además es el presidente de la Agrupación de Confederaciones de Productores de Coca del Chapare) puede un escenario como éste tener lugar. Goldberg, el embajador, lo sabe y lo saben millones de bolivianos que pueden ver un poco más allá del discurso demagogo destinado a distraer a la nación del objetivo primordial de reducir la producción y consumo de estupefacientes.

No obstante, aceptemos por un momento que la propuesta tiene algo mé rito y veamos lo que implica.

Supongamos también por un instante que Bolivia logra que la hoja de coca sea despenalizada (algo imprescindible para pensar en su exportación y que de lograrse tomaría probablemente varios años y hasta lustros).

El reporte no dice nada sobre el origen de las 17.246 Ha. necesarias para producir las 19.163 toneladas. ¿Serán adicionales a las ya 26.000+ existentes?, o, quizás en un momento de lucidez del gobierno, ¿esas 17.000 ha. serían tomadas de la producción actual, la mayor para de la cual va directamente al narcotráfico? Claramente, este último escenario sería el ideal pero es muy poco probable, por tener el presidente una doble (y conflictiva) función.

Por otro lado, si se lograra despenalizar la hoja de coca (por sus aplicaciones en el tratamiento de adictos y no por sus características culturales milenarias), esto implica también que nuestros vecinos y también productores tendrían el mismo derecho a exportar su “hoja milenaria” para fines médicos, después de todo ¿quién puede dejar pasar la oportunidad de abastecer a un atractivo mercado de 1.149 millones de dólares, más aún si tienen TLC, ATPDEA, o cualquier otro y nosotros no lo tenemos?

Hasta aquí, este proyecto parece simplemente una forma absurda de justificar el incremento (casi incontrolable) de las actuales plantaciones de hoja de coca y sustentar esta posición diciendo, “están todos equivocados, no hay que erradicar (racionalizar) las plantaciones, por el contrario, hay que aumentarlas (¿en más de 17.000 ha.?) para poder exporta a los EE.UU. y luego más aún para exportar a Europa”.

Viendo el lado de la demanda y suponiendo que los 10,5 millones de drogadictos (que de la noche a la mañana vieron la necesidad recuperarse) consumen, como supone el reporte, 1.825 bolsitas por año (5 bolsitas por día), su administración deberá ser controlada a nivel gobierno norteamericano, pues difícilmente se permitirá a un adicto comprar en un mercado abierto bolsitas para su recuperación anual (2-2,5 kilos), pues (si aún no existe) no cabe duda de que encontrará la forma de convertirlas en su adictivo alcaloide o intercambiarlas por un producto “más refinado y producido localmente”. Significa entonces que el gobierno norteamericano, a través de sus instituciones de salud, tendría que ser el principal comprador. ¿Me pregunto quién será el “valiente” presidente norteamericano que diga que los billones de dolares gastados en la erradicación de coca en Latinoamérica en las últimas décadas no sirvieron de nada y que ahora en lugar de dar dinero para eliminar coca, se va a incentivar su producción, la cual además será comprada por EE.UU.?

En fin, sólo pretendo mostrar el absurdo que es tratar un reporte de esta naturaleza como parte de un proyecto de ley. Quizás como comentario, pronóstico, hasta como visión de una colectividad, digamos que es una posibilidad, extremadamente poco probable, pero una posibilidad al final de cuentas. Lo cuestionable es que se trate a nivel de Ley y en la Cámara de Diputados; a este nivel y en este momento es simplemente algo descabellado que sólo supone una pérdida de tiempo de nuestros “servidores públicos” y cuyo único valor es claramente servir de discurso demagógico para alentar a los “sectores sociales” asociados a la producción de coca y para la satisfacción de narcotraficantes. (Me pregunto si el canciller Choquehuanca no estará metido en este cuento, después de todo, parece tener su firma.)

De nuevo, y para que no existan malos entendidos, en ningún momento discuto el valor cultural de la coca y su uso tradicional y hasta industrial o medicinal (¿quién en Bolivia no ha tomado al menos un mate para el dolor de cabeza o estómago?); pero no confundamos estos “golpes publicitarios” e intentos por legitimizar el enorme excedente de coca (más de 15.000 toneladas) que va a dar al narcotráfico con la real intensión de valorar el uso legal de la “milenaria hoja” y reducir el narcotráfico.