Morales ha anunciado su deseo de subir se 12.000 a 20.000 las hectáreas legales para la producción de hoja de coca en Bolivia. Lo descabellado de esta propuesta palidece ante el argumento sobre el cual Morales pretende sustentarla: “Como no podemos alcanzar la meta que impone la Ley (12.000 Ha.), debemos cambiar la Ley”. Me pregunto que será lo siguiente, quizás sea: “como no podemos atrapar a todos los deliencuentes, cambiemos la ley para que cada año exista un número autorizado de robos, asesinatos y otros crímenes varios”.

Algunos dirán que el comparar el cultivo de hoja de coca con crímenes es una exageración. Sin embargo, si consideramos que los cultivos excedentarios de hoja de coca, sin lugar a duda, van directamente al narcotráfico, la comparación es perfectamente válida. Basta ver el número de muertes asociadas a esta ilícita actividad, además de otro tipo de daño social, económico y ecológico que esto supone. No se trata de eliminar el uso de la hoja de coca en Bolivia, tratar de hacerlo sería iluso, sin embargo, reconocer que su uso legal tiene un límite es imperativo.
Cualquier persona con mínimos conocimientos de cálculo y algunos datos demográficos y de rendimiento productivo de cultivos puede darse cuenta que en Bolivia, no se necesitan más de siete u ocho mil hectáreas para cubrir, con holgura, la demanda tradicional e industrial interna. El resto termina en manos de productores de pasta base y cocaína.

La propuesta de Morales claramente va en la dirección equivocada. Aunque, no es inesperada, siendo Su Excelencia el actual Presidente de Confederación de Productores de Coca del Chapare (Cochabamba), lo excesivo del aumento (67%) y la ridícula excusa usada para justificar el incremento son un insulto al intelecto de cualquier persona con un mínimo de sentido común.