Bolivia es un país de contrastes, pero en algunos casos, sobre todo cuando se trata de “Su Excelencia” los contrastes, pueden llegar a ser paradojas que ponen a prueba lo que se entiende por racionalidad.

Hace poco más de 24 horas, Morales decía que las “movilizaciones [de la oposición] van a ser garantizadas, siempre y cuando no se perjudique el libre tránsito en nuestro país” (La Razón, 26/11/2006). Esta afirmación, que muestra un profundo compromiso con el respeto a la ley y los derechos constitucionales de nuestra democracia, contrasta claramente con las acciones del otrora dirigente cocalero que tuvo al país bloqueado por semanas sino meses cuando “luchaba por la reivindicación de sus derechos” y denunciaba “represión” cuando los gobiernos de turno querían garantizar aquello que ahora profesa.

Algunos dicen que, ahora que es Presidente, Morales ha repensado su actitud hacia las protestas y que de hecho, sus “palabras muestran que se ha convertido en un defensor del orden institucional y la democracia boliviana”. El problema es que palabras se las lleva el viento, y en el caso de Morales, más que viento es un huracán. Por eso debemos remitirnos a valorar los actos y no las palabras, y lo cierto es que Morales no ha cambiado su forma de conducir sus actos políticos, al menos en relación a protestas y bloqueos. De lo contrario, ¿cómo explicar que las marchas de campesinos que llegan a La Paz, que sin duda alguna bloquearán la libre circulación, tengan escolta policial? ¿Cómo hará la policía para escoltar a los marchistas y garantizar al mismo tiempo la libre circulación? ¿Al escoltarlos, no se convierte a la policía en un instrumento más para hacer precisamente aquello que se quiere evitar: bloquear la libre circulación de las calles de la Sede de Gobierno?

Si vamos a hablar de respeto al orden institucional, ya es hora de que sea el propio partido de gobierno el que predique con el ejemplo y no con la palabra.