La reciente firma de contratos con la petroleras (erróneamente llamada “nacionalización”) parece haber generado una renovada confianza dentro del gobierno para alcanzar cualquier cosa que se proponga. No sólo cerró la discusión sobre la Reglamento de Debates de la Asamblea constituyente, sino que, casi al mismo tiempo, se propone aprobar las modificaciones de la Ley INRA y promover la censura de prefectos por parte del congreso.

Sin duda, lo contemporáneo de estos tres objetivos del Ejecutivo sólo muestran que la confianza en su fuerza se ha incrementado notablemente. El problema, no obstante, es que ese renovado entusiasmo ha generado también un reacción igualmente fuerte, y más importante aún, coordinada, por parte de sus opositores (que, no olvidemos, fueron apoyados por más del 45% de la población). Tan grande es el ego MASista que parecen estar dispuestos a no escuchar el viejo refrán de “divide y vencerás”. Muy por el contrario, el ataque directo y contemporáneo a los prefectos, empresarios del oriente y otras fuerzas políticas en la AC sólo ha logrado que todos éstos encuentren puntos en común y hayan decidido generar coordinadamente más presión, la cual no parece tener posibilidades de disminuir.

No está en discusión que los prefectos deben ser fiscalizados, sobre todo en el uso de los recursos (que aumentarán con los acuerdos petroleros) y que en Bolivia es urgente la modernización de la Ley de Tierras. El problema no es ese, el problema es que el gobierno pretende imponer un sistema político cuasi-totalitario al mejor estilo venezolano, lavándose las manos con la archiconocida frase “dejaremos que los sectores sociales resuelvan”. Lamentablemente, en algunos de los puntos discutidos los sectores sociales están divididos radicalmente y será improbable que se encuentre terreno neutral, siendo esta, paradójicamente, la tarea que le gobierno debería cumplir.

Efectivamente, el MAS ha dicho que “no negociará” ninguno de los puntos aquí discutidos y que dejará que todo sea resuelto por la “presión social”, claramente renunciando así a la mayor responsabilidad para la cual fue elegido: gobernar Bolivia. No extraña entonces que muchas personas hayan empezado a hablar de “atentados a la democracia”, “enfrentamientos armados” y hasta posibles “golpes de estado”. Aún cuando estas predicciones son desechadas rápidamente, basta leer la prensa (y otros medios) para darse cuenta que es un vocabulario que parece tener muchos adeptos en el último tiempo. Esperemos que Morales y su gente, pero también la oposición, vean lo peligroso que puede resultar que se esté abriendo las puertas a una “profecía auto-cumplida”.